La ‘Educación para la Ciudadanía’ no es el problema

Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) el debate público se centra en la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, como antes se había polarizado en torno a la clase de Religión. Tengo la fundada impresión de que ambas controversias no son más que cortinas de humo –ignoro si intencionadas o no- que distraen la atención de los verdaderos problemas que nos trae la LOE.

La Educación para la ciudadanía no es el problema. Si yo tuviera la certeza de que esas horas de clase, sustraídas de otras materias, se iban a emplear en reforzar la educación, los valores, la visión de la vida, que mi marido y yo nos esforzamos por transmitir en casa, yo sería la primera en aplaudir la iniciativa. Me consta que eso mismo haría el millón y medio de padres de COFAPA y pienso que también la mayoría de las familias españolas.

La Educación para la ciudadanía no es el problema, insisto. Problemático resulta que se intente imponer una escuela única, con una monolítica visión de la vida, en un país tan plural como España, en el que convivimos personas de todas las ideologías y concepciones morales, gentes que enriquecemos la vida social con la variedad de nuestros enfoques e intereses. No es la asignatura, sino esa visión uniforme y políticamente correcta la que es percibida como una intromisión, una amenaza, una imposición, un adoctrinamiento.

La LOE es la enésima reforma educativa que ignora a las familias y se hace sin ellas, e incluso contra ellas. El espíritu de la LOE, como antes el de la LOGSE, considera que, más allá de transmitir conocimientos o preparar para la vida, la primera y principal función de la escuela es la socialización de los ciudadanos.

Ciertamente esa es una misión que desde hace milenios viene cumpliendo primaria y eficazmente la familia, aunque a costa del imperdonable peaje de engendrar ciudadanos distintos, variados, complementarios, con personalidad propia y, por lo tanto, desiguales. En clave LOE, igualdad equivale a identidad, pluralidad a desigualdad. Así pues, desde este ángulo ideológico, la familia disgrega, separa, dispersa a los españoles y es mejor que sea el Estado quien asuma el protagonismo educativo, dando idéntica educación a todos, por más que esto dinamite la verdadera igualdad de oportunidades.

La LOE, como la LOGSE, es una ley estatalista que usurpa el derecho de los padres a decidir lo que consideramos mejor para nuestros hijos. Una sociedad plural exige una pluralidad de proyectos educativos, tanto en la escuela pública como en la privada. Cada centro, público o privado, debe tener un proyecto concreto, escrito, vinculante, que los padres podamos conocer, elegir y exigir. Si la Educación para la ciudadanía fuera consonante con ese proyecto libremente elegido, no sería más que una excelente oportunidad educativa.

Porque –no sé si ya lo he dicho- la Educación para la ciudadanía no es el problema, el problema es que una inmensa mayoría de los españoles carecemos de libertad real para elegir la educación que queremos para nuestros hijos, aquella que da continuidad a nuestro propio proyecto educativo familiar.

La desconfianza en la capacidad educativa de la familia conlleva pedir a la escuela lo que la escuela no puede dar. Los profesores se quejan, con razón, de que cada vez se les valora menos y se les exige más. Es responsabilidad suya la educación para la salud, la adquisición de hábitos sanos de consumo, la educación sexual, la higiene, la prevención del tabaquismo, las drogas y el alcohol, de las conductas sexistas y delictivas y -en algunas comunidades autónomas- de garantizar que los chicos jueguen con las chicas en el recreo. Todo eso podría hacerlo con menor esfuerzo y mayor eficacia la familia, pero se ha preferido no correr el riesgo. Los padres y las madres, a fuerza de repetición, hemos terminado aceptando agradecidos que el Estado protector nos exonere de esa carga.

El resultado es un país donde uno de cada cuatro adolescentes no termina los estudios básicos, con una tasa de fracaso escolar espeluznante. Una calidad educativa media (basta una ojeada al informe PISA) que dificulta a nuestros hijos acceder en pie de igualdad a un mercado de trabajo ya europeo y cada vez más global y competitivo.

La LOE no arbitra medidas contrastadamente eficaces para combatir esta lacra, como tampoco para corregir el efecto devastador que el modelo comprensivo que nos impuso la LOGSE ha tenido sobre la autoridad de los docentes, el esfuerzo de los alumnos, el compromiso de los padres y la excelencia en todo el sistema.

Todo lo dicho anteriormente son problemas muy reales que ningún gobierno va a poder resolver sin apoyarse en las familias españolas, sin ayudarlas a desempeñar con eficacia y responsabilidad las funciones que les corresponden, sin facilitarles el ejercicio de los derechos y deberes que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. Más allá de partidismos y cortinas de humo, todos los padres de COFAPA sí que estamos dispuestos a ser los primeros en arrimar el hombro en ese empeño. Los niños españoles

no merecen menos.

Mercedes Coloma. Presidenta de COFAPA

Article publicat al número 2 de Fapel News, Gener 2007