Desde la aprobación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) el debate público se centra en la nueva
asignatura de Educación para la ciudadanía, como antes se había
polarizado en torno a la clase de Religión. Tengo la fundada
impresión de que ambas controversias no son más que cortinas de
humo –ignoro si intencionadas o no- que distraen la atención de
los verdaderos problemas que nos trae la LOE.
La Educación para la ciudadanía no es
el problema. Si yo tuviera la certeza de que esas horas de clase,
sustraídas de otras materias, se iban a emplear en reforzar la
educación, los valores, la visión de la vida, que mi marido y yo
nos esforzamos por transmitir en casa, yo sería la primera en
aplaudir la iniciativa. Me consta que eso mismo haría el millón y
medio de padres de COFAPA y pienso que también la mayoría de las
familias españolas.
La Educación para la ciudadanía no es
el problema, insisto. Problemático resulta que se intente imponer
una escuela única, con una monolítica visión de la vida, en un
país tan plural como España, en el que convivimos personas de todas
las ideologías y concepciones morales, gentes que enriquecemos la
vida social con la variedad de nuestros enfoques e intereses. No es
la asignatura, sino esa visión uniforme y políticamente correcta la
que es percibida como una intromisión, una amenaza, una imposición,
un adoctrinamiento.
La LOE es la enésima reforma educativa
que ignora a las familias y se hace sin ellas, e incluso contra
ellas. El espíritu de la LOE, como antes el de la LOGSE, considera
que, más allá de transmitir conocimientos o preparar para la vida,
la primera y principal función de la escuela es la socialización de
los ciudadanos.
Ciertamente esa es una misión que
desde hace milenios viene cumpliendo primaria y eficazmente la
familia, aunque a costa del imperdonable peaje de engendrar
ciudadanos distintos, variados, complementarios, con personalidad
propia y, por lo tanto, desiguales. En clave LOE, igualdad equivale a
identidad, pluralidad a desigualdad. Así pues, desde este ángulo
ideológico, la familia disgrega, separa, dispersa a los españoles y
es mejor que sea el Estado quien asuma el protagonismo educativo,
dando idéntica educación a todos, por más que esto dinamite la
verdadera igualdad de oportunidades.
La LOE, como la LOGSE, es una ley
estatalista que usurpa el derecho de los padres a decidir lo que
consideramos mejor para nuestros hijos. Una sociedad plural exige una
pluralidad de proyectos educativos, tanto en la escuela pública como
en la privada. Cada centro, público o privado, debe tener un
proyecto concreto, escrito, vinculante, que los padres podamos
conocer, elegir y exigir. Si la Educación para la ciudadanía fuera
consonante con ese proyecto libremente elegido, no sería más que
una excelente oportunidad educativa.
Porque –no sé si ya lo he dicho- la
Educación para la ciudadanía no es el problema, el problema es que
una inmensa mayoría de los españoles carecemos de libertad real
para elegir la educación que queremos para nuestros hijos, aquella
que da continuidad a nuestro propio proyecto educativo familiar.
La desconfianza en la capacidad
educativa de la familia conlleva pedir a la escuela lo que la escuela
no puede dar. Los profesores se quejan, con razón, de que cada vez
se les valora menos y se les exige más. Es responsabilidad suya la
educación para la salud, la adquisición de hábitos sanos de
consumo, la educación sexual, la higiene, la prevención del
tabaquismo, las drogas y el alcohol, de las conductas sexistas y
delictivas y -en algunas comunidades autónomas- de garantizar que
los chicos jueguen con las chicas en el recreo. Todo eso podría
hacerlo con menor esfuerzo y mayor eficacia la familia, pero se ha
preferido no correr el riesgo. Los padres y las madres, a fuerza de
repetición, hemos terminado aceptando agradecidos que el Estado
protector nos exonere de esa carga.
El resultado es un país donde uno de
cada cuatro adolescentes no termina los estudios básicos, con una
tasa de fracaso escolar espeluznante. Una calidad educativa
media (basta una ojeada al informe PISA) que dificulta a nuestros
hijos acceder en pie de igualdad a un mercado de trabajo ya europeo y
cada vez más global y competitivo.
La LOE no arbitra medidas
contrastadamente eficaces para combatir esta lacra, como tampoco para
corregir el efecto devastador que el modelo comprensivo que nos
impuso la LOGSE ha tenido sobre la autoridad de los docentes, el
esfuerzo de los alumnos, el compromiso de los padres y la excelencia
en todo el sistema.
Todo lo dicho anteriormente son
problemas muy reales que ningún gobierno va a poder resolver sin
apoyarse en las familias españolas, sin ayudarlas a desempeñar con
eficacia y responsabilidad las funciones que les corresponden, sin
facilitarles el ejercicio de los derechos y deberes que la
Constitución y los tratados internacionales les reconocen. Más allá
de partidismos y cortinas de humo, todos los padres de COFAPA sí que
estamos dispuestos a ser los primeros en arrimar el hombro en ese
empeño. Los niños españoles
no merecen menos.
Mercedes Coloma. Presidenta de COFAPA
Article publicat al número 2 de Fapel News, Gener 2007
